Participación en los “Diálogos por la transición energética justa en México” organizado por GFLAC. 26 de mayo de 2026.
De manera muy general, la tecnología actualmente en el mercado y las mejores prácticas, pueden permitir, de manera rentable para los hogares y/o las empresas, reducir el consumo actual en cerca del 30%.
¿Por qué no se aprovecha?
En primer lugar, desde la perspectiva de los usuarios, aunque las inversiones sean rentables, se enfrentan a dos factores clave: incertidumbre técnica (al no estar seguros de la calidad y rendimiento de los equipos) y el costo de transacción (puede tomar demasiado tiempo y esfuerzo para llevar a cabo la acción), que puede ser muy alto en relación con el costo de los equipos.
Además, los impactos que tienen las acciones de eficiencia energética están en el margen, lo cual trae consigo una ventaja y una desventaja: toman peso cuando permiten amortiguar condiciones de crisis, pero no pesan cuando el suministro es suficiente y los precios de la energía no suben.
Afortunadamente, en México tenemos sólidamente establecido un programa que lleva más de 30 años funcionando y evolucionando, que es el de las Normas Oficiales Mexicanas, que han obligado a que los equipos consumidores de energía que salen al mercado tengan niveles de eficiencia energética más altos que los que están instalados.
Esto implica que siempre que se renueven equipos, lo es para tener uno de mayor eficiencia.
Esto, además, ha tenido un impacto significativo: para 2022, el ahorro por NOM eléctricas de eficiencia energética fue equivalente al 7% del consumo eléctrico nacional.
Segundo, por un aspecto estructural básico de la eficiencia energética: para lograr el efecto equivalente a una instalación energética mayor – que tiene un proceso de toma de decisiones que involucra a un pequeño número de actores – tienen que ocurrir millones de acciones de millones de tomadores de decisiones.
Por lo mismo, desde la perspectiva de un gobierno nacional y de las formas en las que se atiende la creciente demanda de energía, es más fácil hacer un arreglo con pocos actores para hacer las inversiones necesarias para desarrollar infraestructura de oferta, que convencer a millones de perdonas a hacer pequeñas inversiones para reducir el consumo.
Sumado a esto y en el ámbito de la economía política, lo que sucede es que quienes ofrecen y operan las soluciones del lado de la oferta (fabricantes de tecnología, grandes consultoras, fondos de inversión o los propios funcionarios de las empresas eléctricas) concentran más poder y capacidad de gestión ante quienes toman decisiones para atender la creciente demanda de energía; mientras que los que ofrecen la tecnología y los servicios que permiten ahorrar energía son muchos, en un universo altamente disperso y variado de empresas, sin el mismo poder político.
Esto se refleja en el presupuesto nacional: no hay inversión pública directa orientada específicamente al ahorro y uso eficiente de la energía y los recursos públicos solo sirven para mantener una organización pequeña como la Conuee y complementar limitados financiamientos a través de fideicomisos.
Por dar cifras, en Conuee se gastan 125 millones al año mientras que en los subsidios eléctricos (que son subsidios al consumo) se gastan 500 veces más.
¿Por qué es importante atenderlas en el contexto de la transición energética justa en el país?
Es en los beneficios donde se ubica la necesidad de dar más importancia en la política pública al ahorro y uso eficiente de la energía.
Estos beneficios son
- Económicos
- Para las familias
- Para las empresas
- Para la hacienda pública
- Ambientales
- Locales
- Globales
- Sociales
- Genera empleo en la manufactura, ventas, instalación y operación de sistemas.
- Permite acceso a más servicios energéticos.
- Seguridad energética
- Libera presión en la infraestructura energética
- Innovación y desarrollo tecnológico
